4. La imagen proyectada

4.1. Un perfil en claroscuro

Los estudios de opinión realizados para este análisis[95] aportan también perfiles de la imagen que se tiene sobre las BP, sobre el valor que se les da como servicio público, sobre sus problemas y expectativas, articulando las distintas percepciones detectadas en la población, entre los bibliotecarios y entre representantes políticos y especialistas.

La utilidad que los usuarios parecen asignar a las BP depende en primer término de su relación con actividades educativas o formativas, mientras que tan solo la cuarta parte considera que son todos los ciudadanos quienes se pueden beneficiar de ellas. A la pregunta de qué sectores de población cree que se benefician o necesitan especialmente de las BP, no se sugería ningún tipo de respuesta, por lo que los sectores de población indicados en la Encuesta a la población adquieren una significación especial, incluso en aquellos señalados por un mínimo porcentaje de encuestados.

Las opiniones entre jóvenes y adultos parecen coincidir en el orden de importancia, aunque los primeros tienden a una visión relativamente exclusivista. En todo caso, es la población juvenil, citada como tal o en su calidad de estudiante, la que aparece como la mayor beneficiaria de las BP, con un porcentaje superior al 80 por ciento. Pero también refleja un gran consenso el papel de la biblioteca para los estudiantes y para las personas que buscan formación complementaria, independientemente de su edad, opciones que suman el 60 por ciento. Sin embargo, apenas se citan las necesidades que puede cubrir la biblioteca para las personas con escasos recursos económicos o que no tienen condiciones adecuadas en su domicilio, algo que además solo mencionan los adultos.

Con un sentido similar, se requirió también a los bibliotecarios y a los responsables políticos y a otros profesionales su opinión sobre la importancia de las BP para distintos sectores de población, estructurados en este caso en una lista cerrada.

La coincidencia en las prioridades es amplia en estos grupos y, en términos generales, también puede apreciarse con lo expresado por los ciudadanos, ya que el público infantil y juvenil es también aquí el sector de población que destaca sobre el resto. En una posición intermedia se sitúan los adultos en general, seguidos por dos sectores de población con quienes las BP tienen en Europa una larga tradición de compromiso, las personas discapacitadas y las minorías culturales. La población activa, desempleada o no, y las amas de casa se sitúan en el último grado de prioridades, aunque la importancia que deben requerir en las bibliotecas es cuando menos “bastante importante”.

El parecer es también unánime la opinión de todos los sectores encuestados a la hora de considerar a las bibliotecas como un servicio público igual de necesario que los servicios educativos con que se dota la sociedad. Se las considera, sin embargo algo menos necesarias que los servicios sociales y claramente por debajo de la sanidad pública, siendo los adultos quienes las sitúan en ambos casos con menor prioridad.

La opinión más generalizada entre la población es que las BP no están suficientemente dotadas y atendidas por los poderes públicos, por debajo incluso del valor que, según los encuestados, les otorga la sociedad en su conjunto.

Dos de cada tres adultos consideran que la atención que les prestan los poderes públicos a las bibliotecas es poca (44 por ciento) o ninguna (17 por ciento), opinión que resulta más crítica entre quienes no son usuarios que entre quienes lo son. Si tan solo el dos por ciento del conjunto piensa que esa atención por parte de la administración es alta, quienes la consideran nula representan el 13 por ciento de los entrevistados. La relación se invierte al opinar sobre la valoración social que, según los encuestados, han adquirido las bibliotecas, valoración que consideran “bastante” más de la mitad de ellos en todas las franjas de edad, salvo en los mayores de 64 años (escogen esa opción un 46 por ciento, frente al 57 por ciento de jóvenes entre 14 y 17 años que tienen esa opinión). En los juicios más críticos sobre la actuación de los poderes públicos y sobre la valoración social que conceden a la biblioteca pública, parece tener una clara incidencia el nivel de conocimiento y uso que de ellas tienen, siendo los sectores más jóvenes y los que se declaran usuarios de la biblioteca quienes le confieren una mayor valoración social, aunque sin llegar nunca a considerarla suficiente en su conjunto.

Por su parte, los bibliotecarios que están al frente de las BP apenas le conceden un “aprobado” (5,6 en una escala de 0 a 10) a la atención e interés que ponen en la BP sus superiores o responsables políticos de la institución de la que depende la biblioteca. Sin embargo, la valoración que, en su opinión, tiene la Biblioteca pública en el conjunto de servicios sociales y culturales de su localidad les merece una calificación de 6,2, y de 6,4 la fluidez de la comunicación que mantienen con sus superiores y responsables políticos.

El grado de conocimiento que tienen los encuestados de la situación de las BP en el Estado español en relación a la de los países de la Unión Europea parece ser mínimo, ya que es la pregunta que obtiene un mayor índice de respuestas en blanco: ante la pregunta de si creen que las BP están a la altura de las BP en los países más desarrollados de la Unión Europea, las tres cuartas partes de los encuestados carecen de opinión al respecto, en mayor medida entre quienes no son usuarios (75 por ciento) que entre quienes lo son (59 por ciento). Para quienes responden, la opinión mayoritaria es que las BP no están al nivel europeo (seis de cada diez adultos), mientras que entre los jóvenes de 14 a 17 años son más quienes piensan que sí (el 58 por ciento). Sin embargo, los políticos y especialistas que han dado su opinión, en especial los segundos, tienen una idea más precisa al respecto:

No deja de llamar la atención, de todas formas, que la quinta parte de los representantes políticos entrevistados, relacionados todos ellos con la política cultural o educativa, no tengan o no se animen a dar una opinión. El juicio más negativo y contundente lo expresan los responsables administrativos, profesionales o profesores universitarios englobados bajo el epígrafe de “otros profesionales”, de quienes cabe presumir, sin riesgo a equivocarse, un mayor conocimiento de la situación bibliotecaria en el Estado español y en los otros países de la Unión Europea y cuya opinión, por tanto, resulta más relevante.

Algo más de la tercera parte del conjunto de la población reconoce una renovación de las BP en los últimos años, el doble de quienes opinan lo contrario, si bien son casi la mitad de los encuestados los que no tienen una opinión formada al respecto. Lógicamente, las diferencias entre quienes utilizan las BP y quienes no las utilizan son sensibles, tanto en el porcentaje de respuestas (81 por ciento y 40 por ciento respectivamente), como en la valoración que hacen del nivel de renovación de los distintos elementos sobre los que se pedía una opinión. Para los que no acuden a las bibliotecas, son los elementos externos, como el edificio, los que adquieren una mejor opinión, aunque las diferencias con los otros aspectos son reducidas. No es así para quienes acuden con cierta frecuencia a las bibliotecas, de los que en conjunto dos terceras partes tienen una opinión favorable sobre su nivel de renovación, pero diferencian con cierta distancia unos aspectos de otros.

Es precisamente la renovación de los edificios la que recibe menos adhesiones por los usuarios de las bibliotecas, que valoran con mayor amplitud la renovación de los recursos informativos de que disponen y, en segundo lugar, la renovación de los servicios que prestan. Las discrepancias con los especialistas y representantes políticos, y entre estos dos grupo, también se hacen notar. Con un índice mayoritario de respuestas, la opinión de los políticos encuestados sobre la renovación de las bibliotecas tiende a repartirse entre el sí y el no de forma equivalente en relación a las infraestructuras, y algo menos favorable al sí en relación a los recursos informativos y los servicios de las bibliotecas. Y son los menos quienes consideran que se han renovado suficientemente los recursos humanos de que disponen las bibliotecas, opinión más acusada sin duda entre los especialistas consultados. Éstos expresan asimismo una opinión poco favorable sobre la renovación de los recursos informativos y los servicios ofertados y tan solo reconocen mayoritariamente una renovación en las instalaciones, por encima incluso de los usuarios de las bibliotecas.

La Encuesta a los bibliotecarios recoge también la valoración de los profesionales que están al frente de las BP sobre aspectos similares:

Coinciden los bibliotecarios con usuarios, políticos y otros profesionales en que las condiciones de los edificios e instalaciones de las bibliotecas han recibido mejor atención que los recursos humanos e informativos. Su mayor disconformidad la muestran a la hora de valorar los recursos económicos, tanto los asignados para la renovación de la colección, como sobre todo los destinados al desarrollo de actividades y programas.

Es la insuficiencia de los presupuestos con que se dota a las bibliotecas públicas el principal problema detectado en la actualidad, no sólo a juicio de los bibliotecarios que las gestionan, también según el parecer de los políticos y otros profesionales encuestados.

Son precisamente los responsables políticos quienes reconocen de manera casi unánime la reducida dotación presupuestaria como el principal escollo que afrontan las bibliotecas, muy por encima de otros problemas, sobre los que muestran un acuerdo sensiblemente menor. El desinterés por parte de las instituciones o de la administración, que estaría en la base de unos compromisos presupuestarios escasos, es señalado en primer término por los especialistas consultados y obtiene también el parecer mayoritario de los bibliotecarios. A una considerable distancia se constatan otros problemas: el desinterés por parte de la sociedad en general, apuntado por tres de cada diez políticos consultados, y la presencia de edificios anticuados, problema que sin embargo es reconocido solamente por el siete por ciento de los especialistas. Son éstos además quienes resaltan en una proporción algo significativa (dos de cada diez) la falta de una formación profesional actualizada en los bibliotecarios que están al servicio de las BP. Por último, un pequeño porcentaje de especialistas y bibliotecarios coinciden en apuntar como un problema la ausencia de unas normas o pautas para los servicios de las bibliotecas públicas que sirvan de guía en su quehacer.[96]